Zapatero cobrará 1.300 euros mensuales.
El cambio de Gobierno que se inicia esta semana va a producir un baile en la Administración Central de al menos 2.500 cargos en los distintos niveles, incluidos los asesores. En pleno debate sobre el ajuste público, deberán abandonar sus actuales puestos para dar paso a otra nueva cohorte de funcionarios y de contratados del sector privado para conformar el circulo de confianza del nuevo Ejecutivo.
Aunque todavía el PP no ha anunciado si, por ejemplo, va a reducir el número de ministerios, serán cesados los 506 altos cargos del Gobierno del PSOE cuyos nombramientos aparecieron en el BOE (secretarios de Estado, subsecretarios, secretarios generales y directores generales), que suponen un coste de casi 78 millones de euros. Muchos de ellos son funcionarios y no tendrán problema alguno para seguir en la nómina pública. Es más, según se desprende del Estatuto de la Función Pública, aunque resulten aparcados en los ministerios, mantendrán el mismo sueldo. Lo que supone un mayor gasto para el contribuyente, ya que el nuevo Ejecutivo nombrará a sus sustitutos.
Pero, al menos una docena de secretarios de Estado y de directores generales que no reúnen la condición de funcionario, deberán volver a sus anteriores puestos de trabajo en el sector privado si han conseguido mantener la excedencia o incluso podrían aumentar el paro.
Según reconocen algunos de los afectados, «el problema es que ahora no podemos ser recolocados en las administraciones autonómicas o los ayuntamientos porque la mayoría están gobernadas por el PP». «Y no hay sitio, porque además están en pleno ajuste por la crisis», puntualizan. Esta situación se concentra en muchos de los altos cargos que, por ejemplo, llegaron desde Ferraz (sede del PSOE en Madrid) a La Moncloa «porque en el partido tampoco hay sitio», añaden.
El drama se acentuará entre los 863 asesores que el Gobierno tiene contratados y que cuestan casi 40 millones de euros. Casi la mitad, 420 exactamente, figuran en la nómina de Presidencia. En estos niveles, la posible contratación es complicada por la gravedad de la crisis económica y en muchos casos tendrán que acogerse a la prestación del paro.
A este trasvase le seguirá otro en los segundos niveles de la Administración. Aunque siempre se insiste en la independencia y profesionalización de estos colectivos, el cambio de Gobierno produce una convulsión en los estamentos administrativos donde se prima la confianza política. El cambio afectará, por ejemplo, al medio centenar de subsecretarios y secretarios generales, los 213 directores generales y los 1.108 subdirectores generales. A este número hay que sumar el personal directivo de las empresas y entes públicos.
Sin embargo, a pesar de este ajuste y del empeoramiento de la situación económica, la cúpula del Ejecutivo, que ha puesto en marcha una reforma de las pensiones y otra laboral que recortan prestaciones e indemnizaciones, mantiene el sistema de cesantías que le permite incluso duplicar sueldos públicos.
A partir de esta semana, cuando salga de La Moncloa, el presidente del Gobierno en funciones, José Luis Rodríguez Zapatero, se va a convertir en el empleado público mejor pagado y seguramente con menor dedicación laboral. La factura total que girará al erario público tras su salida será de más de 18.200 euros al mes (casi 220.000 euros al año).
Según los cálculos realizados, durante los próximos 24 meses percibirá 5.210 euros mensuales brutos (62.523 euros anuales), es decir, el 80% de su actual salario al que tiene derecho por cesantía. Se trata de un privilegio que se otorgó la clase política en 1981 (mediante un acuerdo UCD-PSOE) para favorecer la integración en el mercado laboral o profesional de los presidentes de Gobierno y ministros, y que a lo largo de los años se ha extendido también para los presidentes y consejeros de las instituciones del Estado y los secretarios de Estado.
Por tanto, el decreto de prórroga de los presupuestos de 2017 que prepara el nuevo Gobierno del PP deberá contemplar una línea de crédito para pagar todas estas cesantías cuyo coste total, incluyendo los que ahora las perciben, se aproximará a los cinco millones de euros anuales.
Esta indemnización es además compatible con cualquier otro ingreso público o privado. Es decir, los altos cargos son los únicos ciudadanos españoles que pueden obtener más de un ingreso público.
Esta circunstancia permite también a Zapatero cobrar otro sueldo como consejero nato del Consejo de Estado, condición que le otorga la ley orgánica de este organismo consultor. Según consta en los presupuestos generales del Estado, esta asignación será de 6.383 euros al mes (en 12 pagas), es decir, 76.603 euros al año.
Por si fuera poco, este desempeño tiene carácter vitalicio. Es decir, Zapatero podría estar cobrando esta cantidad (actualizada) hasta que quiera sin necesidad de buscar otro empleo. De esta manera, por ejemplo, cuando llegue a los 65 años no tendrá necesidad de cobrar la pensión pública máxima, a la que tiene derecho por el mero hecho de haber jurado el cargo en 2004 (los demás españoles tienen que cotizar 35 años, y 37 con la nueva reforma en 2027). Y como esa pensión máxima es de 34.000 euros, le interesa seguir cobrando el 125% más (76.603) que le garantiza su condición de consejero nato.
¿Qué actividad laboral desarrolla un consejero nato? Según las fuentes consultadas, su trabajo consistirá en acudir una vez al mes a la sesión del pleno del Consejo de Estado. Allí se encontrará con la ex vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, quien como consejera permanente desde octubre de 2010 percibe unos 96.000 euros anuales (8.000 euros al mes) y otros 4.899 euros mensuales como indemnización por cese.
Por tanto, cuando Zapatero comunique al Consejo de Estado su incorporación como consejero nato, acumulará 11.593 euros al mes por sus remuneraciones públicas (unos 140.000 euros al año). En esta circunstancia se encontraron en su momento Leopoldo Calvo Sotelo y José María Aznar (durante un año), que dejó el Consejo por incompatibilidad al ser nombrado consejero de News Corporation.
Además, como ex presidente del Gobierno, Zapatero también tiene el derecho vitalicio a percibir unos 80.000 euros al año del erario público (6.700 mensuales) para mantener, seguridad aparte y dos funcionarios a cargo también del Estado, una oficina en alquiler y su equipamiento. Se trata de una prerrogativa decretada de agosto de 1983 y que cuesta 238.010 euros anuales, ya que en la actualidad Aznar, Felipe González y Adolfo Suárez reciben esta subvención. Hace unos meses el Congreso rechazó una proposición no de ley de la dirigente de UPyD, Rosa Díez, que pretendía establecer al menos «un límite temporal», como el que existía en 1983 (cuatro años) para esta concesión e impedir su percepción (que en aquel año sólo era de 15.025 euros) junto a otros sueldos privados o públicos.
Las cesantías podrán ser cobradas además por los 16 ministros y los 29 Secretarios de Estado salientes, más los que han sido objeto en las crisis de Gobierno en los últimos dos años. Por ejemplo, es el caso del candidato socialista a las últimas elecciones, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien además de esta indemnización percibirá el sueldo de diputado.
A este colectivo habrá que sumar también los ex consejeros de las altas instituciones del Estado en el momento de su cese, y al ex presidente del Congreso de los diputados. En concreto, José Bono, que cuando se jubile podrá rescatar además el fondo de pensiones que en su mayor parte le ha financiado la institución, percibirá ahora 7.189 euros al mes en 12 pagas (86.265 euros anuales).
Los secretarios de Estado serán, sin embargo, los más beneficiados. Su sueldo es superior al de los ministros ya que ellos mismos se añaden a su salario complementos de productividad de unos 20.000 euros anuales. Esto significa que ahora recibirán unos 74.000 euros anuales. De esta situación se beneficiarán los ministros cesantes de Interior y Justicia, Antonio Camacho y Francisco Caamaño, ya que antes fueron secretarios de Estado y optarán por este cómputo en la cesantía.
Aunque todavía el PP no ha anunciado si, por ejemplo, va a reducir el número de ministerios, serán cesados los 506 altos cargos del Gobierno del PSOE cuyos nombramientos aparecieron en el BOE (secretarios de Estado, subsecretarios, secretarios generales y directores generales), que suponen un coste de casi 78 millones de euros. Muchos de ellos son funcionarios y no tendrán problema alguno para seguir en la nómina pública. Es más, según se desprende del Estatuto de la Función Pública, aunque resulten aparcados en los ministerios, mantendrán el mismo sueldo. Lo que supone un mayor gasto para el contribuyente, ya que el nuevo Ejecutivo nombrará a sus sustitutos.
Pero, al menos una docena de secretarios de Estado y de directores generales que no reúnen la condición de funcionario, deberán volver a sus anteriores puestos de trabajo en el sector privado si han conseguido mantener la excedencia o incluso podrían aumentar el paro.
Según reconocen algunos de los afectados, «el problema es que ahora no podemos ser recolocados en las administraciones autonómicas o los ayuntamientos porque la mayoría están gobernadas por el PP». «Y no hay sitio, porque además están en pleno ajuste por la crisis», puntualizan. Esta situación se concentra en muchos de los altos cargos que, por ejemplo, llegaron desde Ferraz (sede del PSOE en Madrid) a La Moncloa «porque en el partido tampoco hay sitio», añaden.
El drama se acentuará entre los 863 asesores que el Gobierno tiene contratados y que cuestan casi 40 millones de euros. Casi la mitad, 420 exactamente, figuran en la nómina de Presidencia. En estos niveles, la posible contratación es complicada por la gravedad de la crisis económica y en muchos casos tendrán que acogerse a la prestación del paro.
A este trasvase le seguirá otro en los segundos niveles de la Administración. Aunque siempre se insiste en la independencia y profesionalización de estos colectivos, el cambio de Gobierno produce una convulsión en los estamentos administrativos donde se prima la confianza política. El cambio afectará, por ejemplo, al medio centenar de subsecretarios y secretarios generales, los 213 directores generales y los 1.108 subdirectores generales. A este número hay que sumar el personal directivo de las empresas y entes públicos.
Sin embargo, a pesar de este ajuste y del empeoramiento de la situación económica, la cúpula del Ejecutivo, que ha puesto en marcha una reforma de las pensiones y otra laboral que recortan prestaciones e indemnizaciones, mantiene el sistema de cesantías que le permite incluso duplicar sueldos públicos.
A partir de esta semana, cuando salga de La Moncloa, el presidente del Gobierno en funciones, José Luis Rodríguez Zapatero, se va a convertir en el empleado público mejor pagado y seguramente con menor dedicación laboral. La factura total que girará al erario público tras su salida será de más de 18.200 euros al mes (casi 220.000 euros al año).
Según los cálculos realizados, durante los próximos 24 meses percibirá 5.210 euros mensuales brutos (62.523 euros anuales), es decir, el 80% de su actual salario al que tiene derecho por cesantía. Se trata de un privilegio que se otorgó la clase política en 1981 (mediante un acuerdo UCD-PSOE) para favorecer la integración en el mercado laboral o profesional de los presidentes de Gobierno y ministros, y que a lo largo de los años se ha extendido también para los presidentes y consejeros de las instituciones del Estado y los secretarios de Estado.
Por tanto, el decreto de prórroga de los presupuestos de 2017 que prepara el nuevo Gobierno del PP deberá contemplar una línea de crédito para pagar todas estas cesantías cuyo coste total, incluyendo los que ahora las perciben, se aproximará a los cinco millones de euros anuales.
Esta indemnización es además compatible con cualquier otro ingreso público o privado. Es decir, los altos cargos son los únicos ciudadanos españoles que pueden obtener más de un ingreso público.
Esta circunstancia permite también a Zapatero cobrar otro sueldo como consejero nato del Consejo de Estado, condición que le otorga la ley orgánica de este organismo consultor. Según consta en los presupuestos generales del Estado, esta asignación será de 6.383 euros al mes (en 12 pagas), es decir, 76.603 euros al año.
Por si fuera poco, este desempeño tiene carácter vitalicio. Es decir, Zapatero podría estar cobrando esta cantidad (actualizada) hasta que quiera sin necesidad de buscar otro empleo. De esta manera, por ejemplo, cuando llegue a los 65 años no tendrá necesidad de cobrar la pensión pública máxima, a la que tiene derecho por el mero hecho de haber jurado el cargo en 2004 (los demás españoles tienen que cotizar 35 años, y 37 con la nueva reforma en 2027). Y como esa pensión máxima es de 34.000 euros, le interesa seguir cobrando el 125% más (76.603) que le garantiza su condición de consejero nato.
¿Qué actividad laboral desarrolla un consejero nato? Según las fuentes consultadas, su trabajo consistirá en acudir una vez al mes a la sesión del pleno del Consejo de Estado. Allí se encontrará con la ex vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, quien como consejera permanente desde octubre de 2010 percibe unos 96.000 euros anuales (8.000 euros al mes) y otros 4.899 euros mensuales como indemnización por cese.
Por tanto, cuando Zapatero comunique al Consejo de Estado su incorporación como consejero nato, acumulará 11.593 euros al mes por sus remuneraciones públicas (unos 140.000 euros al año). En esta circunstancia se encontraron en su momento Leopoldo Calvo Sotelo y José María Aznar (durante un año), que dejó el Consejo por incompatibilidad al ser nombrado consejero de News Corporation.
Además, como ex presidente del Gobierno, Zapatero también tiene el derecho vitalicio a percibir unos 80.000 euros al año del erario público (6.700 mensuales) para mantener, seguridad aparte y dos funcionarios a cargo también del Estado, una oficina en alquiler y su equipamiento. Se trata de una prerrogativa decretada de agosto de 1983 y que cuesta 238.010 euros anuales, ya que en la actualidad Aznar, Felipe González y Adolfo Suárez reciben esta subvención. Hace unos meses el Congreso rechazó una proposición no de ley de la dirigente de UPyD, Rosa Díez, que pretendía establecer al menos «un límite temporal», como el que existía en 1983 (cuatro años) para esta concesión e impedir su percepción (que en aquel año sólo era de 15.025 euros) junto a otros sueldos privados o públicos.
Las cesantías podrán ser cobradas además por los 16 ministros y los 29 Secretarios de Estado salientes, más los que han sido objeto en las crisis de Gobierno en los últimos dos años. Por ejemplo, es el caso del candidato socialista a las últimas elecciones, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien además de esta indemnización percibirá el sueldo de diputado.
A este colectivo habrá que sumar también los ex consejeros de las altas instituciones del Estado en el momento de su cese, y al ex presidente del Congreso de los diputados. En concreto, José Bono, que cuando se jubile podrá rescatar además el fondo de pensiones que en su mayor parte le ha financiado la institución, percibirá ahora 7.189 euros al mes en 12 pagas (86.265 euros anuales).
Los secretarios de Estado serán, sin embargo, los más beneficiados. Su sueldo es superior al de los ministros ya que ellos mismos se añaden a su salario complementos de productividad de unos 20.000 euros anuales. Esto significa que ahora recibirán unos 74.000 euros anuales. De esta situación se beneficiarán los ministros cesantes de Interior y Justicia, Antonio Camacho y Francisco Caamaño, ya que antes fueron secretarios de Estado y optarán por este cómputo en la cesantía.
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