Los concesionarios no quieren que haya Ministerio de Industria.
Si uno de los objetivos del nuevo Gobierno del PP pasa por reducir el Ejecutivo, la federación de asociaciones de concesionarios Faconauto ya le apoya con una idea: prescindir de Industria. Todo apunta a que será así, pero para Faconauto tiene que serlo por una razón. Cada vez que ha existido esta cartera, su titular ha terminado «secuestrado» por los fabricantes de coches.
Así opinaba ayer, en un encuentro con los periodistas, el presidente de Faconauto, Antonio Romero-Haupold, quien espera que el Gobierno satisfaga otra demanda: la implantación rápida de un plan de renovación del parque basado en ayudas a la compra. De no ser así, «nos sentiríamos muy decepcionados, después de los contactos mantenidos», precisó Haupold.
En su opinión, este programa tendría un efecto «sorprendente» sobre la demanda, para la que pronostican un repunte para enero. Sobre todo, porque el bajísimo nivel de ventas se ha vuelto insostenible, con apenas 400.000 coches adquiridos por los particulares este año.
En cambio, se han disparado las operaciones de empresas de renting y rent a car, «cerradas con unos descuentos del 30% que luego tiene que compensar el comprador de a pie». Aparte de la merma que suponen en los ingresos por impuestos.
La recuperación del mercado interior, que consideran sustancial para la fortaleza de las fábricas (y aquí coinciden con las marcas), permitiría aliviar algo la situación entre los distribuidores, que pueden llegar a perder 50.000 empleos desde el inicio de la crisis. «Tantos como suman juntas muchas factorías».
De hecho, los constructores también están en el centro de las críticas por la situación de la normativa sobre distribución. En realidad, de su no existencia tras anularse la primera ley «porque amenazaron con marcharse». De modo que, mientras termina de tramitarse la nueva, se encuentran en una situación de indefensión total. Como esto lo han aprovechado algunas marcas para romper contratos e imponer otros que les cubran ante la futura ley, Faconauto exigirá su retroactividad.
También están a favor del arbitraje en los litigios, pues permite «resolver en tres meses lo que llevaría 15 años»; y les encantaría que la libertad de horarios de Madrid se extendiera a todo el país acompañada de medidas de «flexibilidad laboral».
Así opinaba ayer, en un encuentro con los periodistas, el presidente de Faconauto, Antonio Romero-Haupold, quien espera que el Gobierno satisfaga otra demanda: la implantación rápida de un plan de renovación del parque basado en ayudas a la compra. De no ser así, «nos sentiríamos muy decepcionados, después de los contactos mantenidos», precisó Haupold.
En su opinión, este programa tendría un efecto «sorprendente» sobre la demanda, para la que pronostican un repunte para enero. Sobre todo, porque el bajísimo nivel de ventas se ha vuelto insostenible, con apenas 400.000 coches adquiridos por los particulares este año.
En cambio, se han disparado las operaciones de empresas de renting y rent a car, «cerradas con unos descuentos del 30% que luego tiene que compensar el comprador de a pie». Aparte de la merma que suponen en los ingresos por impuestos.
La recuperación del mercado interior, que consideran sustancial para la fortaleza de las fábricas (y aquí coinciden con las marcas), permitiría aliviar algo la situación entre los distribuidores, que pueden llegar a perder 50.000 empleos desde el inicio de la crisis. «Tantos como suman juntas muchas factorías».
De hecho, los constructores también están en el centro de las críticas por la situación de la normativa sobre distribución. En realidad, de su no existencia tras anularse la primera ley «porque amenazaron con marcharse». De modo que, mientras termina de tramitarse la nueva, se encuentran en una situación de indefensión total. Como esto lo han aprovechado algunas marcas para romper contratos e imponer otros que les cubran ante la futura ley, Faconauto exigirá su retroactividad.
También están a favor del arbitraje en los litigios, pues permite «resolver en tres meses lo que llevaría 15 años»; y les encantaría que la libertad de horarios de Madrid se extendiera a todo el país acompañada de medidas de «flexibilidad laboral».
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