17 noviembre 2011

13 extradiciones en manos de España.

Han pasado 22 años del asesinato del padre Ellacuría y los autores intelectuales de aquel atentado aún siguen en libertad. La constancia del magistrado Eloy Velasco junto con la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) y el Center For Justice and Accountability (CJA) han logrado que el caso continúe vivo y que se haya producido un conflicto de competencias entre la justicia salvadoreña y española.

El pasado 30 de mayo el juez Velasco ordenó la busca y captura internacional de 20 militares salvadoreños, entre los que estaban la cúpula del Estado Mayor. El 9 de noviembre, después de que la Corte Suprema de El Salvador no considerara la petición judicial española y no respetara el tratado de extradición de 1997 entre ambos países, el juez instó al Gobierno para solicitar la extradición de 13 de los 20 militares implicados en el asesinato del padre Ellacuría.

El magistrado español se apoyó en un manuscrito aportado a la causa por EL MUNDO para emitir la primera orden de busca y captura. Ese documento era un acta que levantó el coronel Montano de una reunión del Estado Mayor donde se tomó la decisión, a instancias del general Ponce, de «proceder a su eliminación, sin testigos» del padre Ellacuría. Entre los reunidos, que formaban el «grupo decisorio», estaban los generales y coroneles Bustillo, Elena, Ponce, Zepeda y Montano.El sociólogo Noam Chomsky resalta en su libro Esperanzas y realidades la importancia de ese documento y comenta que esos oficiales estaban «estrechamente relacionados con el Pentágono y la embajada, y es difícil imaginar que Washington no estuviera al tanto».

El 27 de julio el juez Velasco emitió una primera orden de busca y captura contra 10 de los 20 militares imputados. Nueve de esos militares se acuartelaron para acogerse al «resguardo militar» y el 27 de agosto la Corte Suprema resolvió que la orden sólo era para su localización y no para su extradición. Y tras esa resolución la UCA levantó la voz: «No podemos aceptar, de ningún modo, que se manipule la ley».

Ahora, la última palabra la tiene el Gobierno español que tiene que tramitar la petición de extradición solicitada por el juez Velasco.

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